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9 oct. 2013

Déficit público y estado policial

Como tantas otras cosas, del franquismo heredamos un sistema fiscal ineficaz y corrupto que apenas daba para tapar los baches de las ridículas carreteras nacionales por las que circulábamos sin rechistar, como siempre. Alcabalas, sisas, portazgos, montazgos y diezmos conformaban una fiscalidad más propia de un país del siglo XVI que de uno del XX. Con la renovación del franquismo en la persona de Juan Carlos de Borbón mediante los pactos de la transición, Francisco Fernández Ordóñez emprendió una reforma tributaria que quiso ser moderna al crear el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y convertirlo en el principal instrumento recaudatorio de la Hacienda Pública. Aunque menguada y corta, aquella reforma proporcionó al Erario ingresos suficientes para posibilitar, mediante la obra pública, la superación de la crisis de 1973, la más terrible de los últimos cuarenta años. Sin embargo, la reforma de Fernández Ordóñez, muy tímida y recatada, como hemos dicho, tenía un error de nacimiento al basar la recaudación en las rentas del trabajo y no crear los servicios de inspección necesarios para acabar con el endémico fraude fiscal de las clases más adineradas del país, de modo que desde la entrada en vigor de aquella nueva fiscalidad, los ricos siguieron sin contribuir en nada al esfuerzo general del país.

Años después, cuando España comenzaba a ser un país rico, cuando veíamos llegar a los primeros inmigrantes en siglos, al calor de los primeros pasos de la globalización, los dueños de los mercados comenzaron a poner de moda la teoría de que lo mejor para el buen funcionamiento de una economía era reducir los impuestos, sobre todo los directos proporcionales y progresivos que son los más justos. Hasta algún presidente, cometiendo un error de bulto, llegó a decir que bajar impuestos era de izquierdas. Con la llegada de Aznar, Rato y Rajoy al poder se modificó el sistema productivo al darle un valor especial y primordial al sector de la construcción. Durante más de una década el sistema tributario español giró en torno a lo que se recaudaba de la compra y venta de inmuebles, haciendo desaparecer impuestos tan justos como el del Patrimonio y el de Sucesiones, que todavía hoy, sumidos en esta crisis terrible, siguen sin ser rehabilitados porque a los que más tienen en este país no se les toca los bolsillos. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es uno de los pilares sobre los que se asientan las democracias más avanzadas, no llegó nunca en nuestro país a cumplir con la finalidad que le es consustancial, pero fue a partir del “Aznarato” cuando se llenó de agujeros: Siguiendo las directrices del poder financiero que ya estaba al acecho de la Caja de las Pensiones, el Gobierno implantó deducciones para todos aquellos que se hiciesen un plan de pensiones privado, normalmente con entidades financieras; deducciones y reducciones por hacer donaciones, mecenazgo o reinvertir en el propio negocio, lo que abría de par en par las puertas al fraude fiscal legal y subvertía los principios de proporcionalidad y progresividad consustanciales a los impuestos directos en los países desarrollados. Si a eso añadimos la aparición de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), que tributan al uno por ciento y cuyos máximos exponentes en España son la familia Koplowitz, la familia Pino (propietaria de Ferrovial), la familia Polanco (grupo PRISA), la familia Botín (Banco de Santander), la familia Reyzábal (propietaria de la Torre Picasso de Madrid), Rosalía Mera (fundadora de INDITEX), Isaac Andic (dueño de Mango), el financiero Juan Abelló o Castro de Sousa (dueño de NH hoteles), fácilmente podremos concluir que el agujero hecho al IRPF es tan descomunal como insostenible porque lo reduce a una carga tributaria injusta que cae por entero sobre las rentas del trabajo, es decir sobre aquellas personas sujetas a nómina.

Los gobiernos de derechas y todos aquellos otros que dicen no serlo pero acatan la doctrina neoliberal –que es el fascismo de hoy en día: éste nunca se presenta con la misma cara-, al ver disminuir los ingresos del Estado, pero sabedores de que por ahí no se iba más que a un lugar, a la quiebra de la Hacienda Pública, decidieron subir los impuestos indirectos que gravan el consumo, justo cuando el consumo, que siempre ha sido el motor de la recuperación económica, está por los suelos. Cultura, electricidad, teléfono, combustibles y alimentos básicos han sufrido un incremento tan demencial del IVA que amenaza con hacer desaparecer sectores productivos enteros sin que la recaudación del Estado crezca, más bien todo lo contrario. En estas circunstancias, sólo cabe pensar dos cosas no excluyentes: Que quienes nos gobiernan no tienen ni puñetera idea de nada; dos, que están intentado cargarse definitivamente el Estado del bienestar al dejar al Erario sin recursos. Sólo así se puede entender que a estas alturas de la crisis no se haya hecho una reforma fiscal que prohíba las SICAV, que haga que los ricos paguen lo que les corresponde en el IRPF sin ningún tipo de deducción –se recaudarían más de 35.000 millones de euros anuales adicionales- y que restablezca los impuestos de sucesiones y patrimonio con carácter urgente y general.

La asfixia a que se está sometiendo a la Hacienda Pública española por parte del Gobierno lleva ineludiblemente a un aumento exponencial del déficit público, lo que causará sin demasiada tardanza la privatización de todos los servicios públicos por incapacidad estatal para financiarlos. No se trata de una casualidad, de una consecuencia de la crisis, es pura ideología reaccionaria, puro mercantilismo especulativo y es, sobre todo, una bomba de relojería en el seno del pequeño sistema del bienestar con que hasta hace poco contábamos. De seguir por esta camino, el único servicio público que podrá pagar el Estado será el policial, imprescindible en todo régimen perverso para guardar haciendas, permitir privilegios y acallar protestas.

Pedro Luis Angosto |
nuevatribuna.es | 08 Octubre 2013

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